Asistimos a una crisis mucho más profunda que la crisis financiera. Es la crisis de un modelo de desarrollo ambientalmente insostenible, de un modelo económico y socialmente injusto y de un modelo político en el que los partidos gobernantes, supeditados a los poderes económicos, han pervertido la esencia de la política y de la democracia —que, no olvidemos, significa gobierno del pueblo— cambiando el gobierno de la ciudadanía por el de los mercados financieros. Tenemos la convicción de la necesidad de una renovación radical de la política, en España y en el mundo, para regenerar la democracia y hacer que la economía esté al servicio de las personas de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. Estamos en ello.
Compartimos la visión de quienes consideran que la izquierda ahora gobernante tiene un problema mucho más grave que el del avance electoral de la derecha, que es su falta de horizonte y su incapacidad de imaginar otra receta que la de aceptar las presiones antisociales y degradar los derechos públicos y las condiciones laborales. A su vez, hoy no basta con las opciones tradicionales a su izquierda que no solo no han llegado a recoger el voto ofendido sino que han envejecido como alternativa. Si queremos ir más allá, no solo queremos detener a la derecha, sino también cambiar la izquierda.
Porque las respuestas del siglo pasado no sirven para el siglo XXI y porque a los ideales solidarios hay que sumar nuevos valores: la equidad entendida como igualdad de oportunidades y protección social; el ahorro, la mesura y la eficiencia en el uso de los recursos; la responsabilidad para con las personas y la sociedad, con los animales y con las generaciones futuras; el equilibrio en las relaciones con la naturaleza; la independencia de las instituciones públicas respecto a los poderes económicos; la gestión transparente, honesta y eficiente de lo público al servicio de la ciudadanía, la democracia participativa y deliberativa; el pacifismo activo… para abrir caminos hacia otro proyecto realista de sociedad y de civilización en el que sea posible la convivencia pacífica y el bienestar humano para toda la población, ajustando el desarrollo a los límites físicos y biológicos del planeta, en un mundo que, aunque no perfecto, sea viable para todos y más justo.
Estos valores, sobre los cuales debería ser posible encontrar en la sociedad un amplio entendimiento —más allá de las percepciones ideológicas tradicionales—, deberían configurar una línea de salida concreta a la crisis económica actual que no solo ha provocado ya cinco millones de desempleados en nuestro país y 200 millones en todo el mundo, sino que amenaza con desmantelar el Estado de bienestar, los derechos laborales y la protección social en Europa y con arruinar las perspectivas de una globalización equitativa a escala mundial.
Las empresas no necesitan más facilidad para despedir, sino más crédito para producir
Esa salida es posible: hay otras alternativas más justas y eficientes para superar la crisis. Alternativas como incrementar los ingresos con una adecuada fiscalidad dirigida a los que más ganan, más tienen y más contaminan; modulando la reducción del gasto reduciéndolo de las subvenciones a las actividades contaminantes, de las inversiones en infraestructuras ruinosas —AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, autopistas solitarias—, de los gastos militares y eclesiales, etcétera... en vez de quitárselo a los pensionistas o a los empleados públicos, que educan a nuestros hijos, curan a nuestros enfermos y cuidan a nuestros mayores.
Las empresas no necesitan más facilidad para despedir, sino más crédito para producir
Es otro enfoque, perfectamente viable. Es necesaria una nueva política económica que tenga como objetivo la creación de empleo, especialmente en la economía verde y en los servicios sociales.
Pero este nuevo enfoque requiere abrirse camino a escala europea, porque no hay soluciones Estado por Estado. No habrá protección de la sociedad frente a los mercados financieros mientras no haya una respuesta diferente de las autoridades europeas: solo una mayor unidad política, económica y fiscal europea —con bonos europeos para una financiación de las deudas soberanas a menores tasas de interés y a más largo plazo, con una agencia europea de calificación y con una tasa a las transacciones financieras— impedirá que el manejo de la deuda griega y la de los demás países periféricos por parte de los mercados financieros acabe por llevar al euro al colapso y a Europa a la ruina.
Los Verdes europeos, con los que nos identificamos, se están batiendo en el Parlamento Europeo por soluciones similares y han propuesto un green new deal para Europa, porque solo la economía verde y baja en carbono permitirá avanzar hacia otro modelo productivo y de consumo frente a una crisis que no es solo financiera y económica, sino también energética, climática y ecológica.
La peculiar situación española, con un desempleo insoportable, aconseja emprender esa dirección. Posibilidades no faltan: España cuenta con un potencial extraordinario en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor superficie cultivada de agricultura ecológica, con capacidades tecnológicas en sectores emergentes, con excelentes profesionales en salud, investigación científica y educación, con una sociedad civil emprendedora… que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con pleno empleo. Pero con empleos menos vulnerables y más sostenibles: solo las actividades generadoras de empleos verdes, como las energías renovables, la agricultura ecológica, el transporte sostenible, la rehabilitación de edificios, etcétera... podrían generar dos millones de nuevos empleos e importantes beneficios sociales, ambientales y económicos
Recientemente, el autor de ¡Indignaos! Stéphane Hessel, nos decía que ahora es el momento de pasar de la indignación al compromiso, cada quien desde su ámbito. Quienes suscribimos este artículo lo hacemos desde el ámbito de la política. Hemos acogido receptivamente las movilizaciones sindicales contra la reforma laboral, las reflexiones y propuestas de las gentes de la cultura y escuchado con atención las demandas indignadas de las plazas tras el 15-M, con las que coincidimos. Pensamos que no solo deben cambiar las políticas, sino también la política. Hacen falta reformas electorales y constitucionales de gran calado, una nueva transición para una mejor representación de la ciudadanía, más activa y directa, el fin del bipartidismo y de la partitocracia, un nuevo empoderamiento popular y un republicanismo participativo en el que el poder esté más repartido, con partidos más democráticos, transparentes y refractarios a la corrupción, con organizaciones sociales y ciudadanas más representativas y con más poder de consulta, control y codecisión, donde la iniciativa legislativa popular y los referendos locales, autonómicos y estatales sean instrumentos habituales y normalizados de ejercicio de la democracia... Una democracia que no lo fíe todo a lo representativo, sino que para ganar legitimidad se le añadan instrumentos de democracia participativa y deliberativa.
El desafío no es menor. El momento histórico y la demanda de la sociedad nos exige algo nuevo e intentarlo hacer en el sentido más amplio y unitario posible. En este contexto queremos contribuir dinamizando un amplio movimiento político que promueva salidas viables, y, por tanto, distintas de la crisis que padecemos, en clave de equidad social, sostenibilidad ambiental y de mayor democracia. Queremos contribuir a construir un nuevo espacio político plural que ofrezca un cauce de participación a las personas que no se resignan a contemplar pasivamente esta situación; especialmente, queremos crear un espacio de activismo político para las generaciones emergentes y de construcción de alternativas para todas las personas que estén dispuestas a comprometerse generosamente para encontrar, individual y colectivamente, soluciones de actualidad a los desafíos de nuestro tiempo. Ese es nuestro compromiso.
Juan López de Uralde, EQUO, comisión promotora; Inés Sabanés, EQUO; Joan Herrera, secretario general de ICV; Mónica Oltra, diputada de las Cortes Valencianas por Compromís, y David Abril, secretario general de Iniciativa Verds (Baleares).